viernes, 14 de diciembre de 2012

IU se querella contra Cristina Cifuentes


Izquierda Unida se querella contra Cifuentes por sus identificaciones masivas de manifestantes y sus “duras sanciones”

La coalición de izquierdas le acusa de "delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y contra los derechos individuales"


Los diputados de Izquierda Unida Alberto Garzón y Ricardo Sixto han presentado hoy una querella contra Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, a la que acusan de presuntos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y contra la Constitución por autoridad o funcionario público contra los derechos individuales. Los diputados se basan en las “identificaciones indiscriminadas” durante las manifestaciones celebradas para protestar contra el Gobierno, y por imponer “duras sanciones”, que en ocasiones llegan a los 500 euros, incluso a “gente que pasaba por allí”.

Sixto y Garzón explicaron a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, donde han presentado su denuncia, que esta iniciativa judicial persigue dar respuesta a las “identificaciones indiscriminadas y las duras sanciones” realizadas contra numerosas personas que participaron e, incluso, no llegaron a hacerlo en las protestas convocadas hace algo más de un mes a través de las redes sociales, entre ellas las celebradas en los alrededores del Congreso.

Varios delitos
Izquierda Unida ejerce su derecho a la acusación popular y en su querella imputa a Cifuentes los supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad o funcionario público contra los derechos individuales.

Represión del Gobierno
Sixto aseguró que la respuesta del Gobierno a las protestas demuestra que la política de Interior que lleva a cabo el Ejecutivo del PP se centra únicamente en “la vía policial y la multa”, lo que resulta especialmente grave cuando se busca acabar así con concentraciones como la del 27 de octubre en la Plaza de España y en las inmediaciones del Congreso donde “miles de ciudadanos se manifestaron de forma pacífica”.

Hasta 500 euros de multo
Alberto Garzón ha recordado que al día siguiente de esta protesta la propia delegada del Gobierno de Mariano Rajoy en Madrid anunció que la Policía había identificado a cerca de 300 personas. Al igual que Sixto, detalló que “tanto asistentes a esa protesta como ciudadanos que pasaban por ahí fueron identificados”. Con posterioridad, la Delegación del Gobierno les ha notificado la apertura de un expediente sancionador por asistir a una “protesta ilegal” y les reclama sanciones que, en algunos casos, llegan a los 500 euros.

Objetivo: amedrentar
Los diputados de Izquierda Unida consideran que la ciudadanía se enfrenta a “una estrategia deliberada por parte del Ministerio del Interior y que va encaminada a amedrentarles” para que desistan de participar en nuevas concentraciones contra los recortes del Gobierno y las políticas de restricción de derechos y de privatización de lo público que está imponiendo el PP. En esta línea, el escrito denuncia la existencia en Madrid de “un plan previamente diseñado para identificar y sancionar a miles de ciudadanos críticos con el Gobierno y sus medidas”.

Manifestaciones ¿ilegales?
IU recuerda que no existe ningún precepto legal que justifique que se pueda considerar que una manifestación no comunicada equivale a una “ilegal” y añade que, según lo establecido en el Código Penal, “sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos”.

Otras querellas
Preguntado por los periodistas,  Alberto Garzón anunció que IU estudia extender la querella a delegados de otras comunidades como Andalucía, Valencia o Castilla-La Mancha donde también se ha podido actuar de esta misma forma. En este sentido, Izquierda Unida colgará en su web un modelo-tipo de recurso para facilitar la posibilidad de que aquellos ciudadanos que hayan sido expedientados puedan responder de manera efectiva a las sanciones que se les trata de imponer de una forma tan arbitraria e injusta.


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