El TSJA anula el decreto de la DGA y patronal y sindicatos continúan sin llegar a un acuerdo. Los trabajadores cifran entre un 60% y un . 70% el seguimiento en el primer día de paro
La huelga indefinida de monitores de comedor afronta hoy sin servicios mínimos su segunda jornada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ordenase ayer la suspensión cautelar de los decretados el pasado viernes, a través del BOA, por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, y de que patronal y sindicatos no alcanzaran un acuerdo tras más de cinco horas de reunión y con la mediación de la consejería.
Según pudo conocer este diario, el encuentro podría estar cercano, ya que se produjeron avances en "la mayoría de los puntos en conflicto", pero no fueron suficientes. De hecho, patronal y representantes de los trabajadores seguirán negociando, esta vez, en el Servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA) en una reunión que se concretará en las próximas horas.
Por su parte, Educación, que estuvo representado por el secretario general técnico y varios directores generales tanto del propio departamento como de Trabajo, propuso a los sindicatos una nueva distribución de servicios mínimos que establecía una presencia del 25% como norma general, más un monitor por cada 60 alumnos de Infantil y 100 de Primaria y una representación del 50% para los transportados, a los que se sumaría uno por cada 30 escolares de Infantil y otro por cada 50 de Primaria.
EDUCACIÓN ESPECIAL
La variación, sin embargo, no afectó a la educación Especial, ya que la Administración consideró que ese colectivo no puede valerse por sí mismo para comer, por lo que mantuvo el 100% de efectivos. Los sindicatos, que se comprometieron a estudiar la oferta, rechazaron firmar el preacuerdo para presentarlo al TSJA y aplicarlo ya hoy en los centros, por lo que no habrá servicios mínimos en los colegios.
La nueva propuesta vendría a sustituir la decretada por el departamento la pasada semana y anulada ayer por los tribunales porque, según el sindicato UGT, la decisión se ampara en la "ausencia de negociación previa" entre las partes en conflicto y, de ese modo, ordena la anulación de unos servicios mínimos que quedaron establecidos en el 100% de efectivos en los centros de educación especial y en aquellos cuyos alumnos sean beneficiarios del transporte escolar en el medio rural, mientras que para el resto de centros se impuso un monitor por cada comedor, además de otro más por cada 30 alumnos de Infantil y uno por cada 50 de Primaria.
Según explicó el Gobierno de Aragón en la propia publicación del decreto, la aplicación respondía a que la huelga afecta a un "servicio esencial como es la educación" y se amparó en el Tribunal Constitucional para advertir de que "el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga".
QUERELLA
Los sindicatos habían considerado "ilegales" y "abusivos" esos servicios mínimos e, incluso, UGT presentó ayer una querella por prevaricación --IU ya lo había hecho un día antes-- contra la consejera Dolores Serrat por "cortar y pegar" los mismos que se aplicaron en el 2005 y que, posteriormente, fueron anulados por el Tribunal Supremo por "abusivos e injustificados", indicó Ana Royo, de UGT, que denunció el "error a sabiendas de que emitían algo injusto".
Ayer, en el primer día de paro, el seguimiento fue de entre un 60% y un 70% según UGT y en muchos centros no se cumplieron los servicios mínimos por parte de alguna de las 1.400 profesionales del sector en la comunidad autónoma
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