El presidente del CGPJ lamenta tener que viajar en clase turista
Gonzalo Moliner dice que no es "la mejor imagen" para alguien de su cargo. 25 magistrados del Supremo piden que no solo se les quite a ellos el coche oficial
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, lamentó ayer tener que viajar en clase turista porque cree que esa no es "la mejor imagen" para alguien de su cargo.
Así lo manifestó Moliner en declaraciones a Radio Nacional de España tras explicar que, a raíz de la dimisión de su antecesor, Carlos Dívar, por el escándalo de sus viajes de fin de semana a cuenta del CGPJ, este organismo aprobó un régimen de control del gasto tan "restrictivo" que le obliga a pedir permiso para sus desplazamientos y "viajar en turista". "Ya no hay semana caribeña", proclamó.
Al parecer, los recortes han llegado a la cúpula del Poder Judicial y al mismo Tribunal Supremo. Un grupo de 25 magistrados de este tribunal han pedido al Gobierno que deje sin coche oficial a todos los altos cargos, al igual que se lo retiró a ellos en un decreto en el que, para su "perplejidad", le negaba al Supremo carácter de órgano constitucional del Estado.
TODOS SIN VEHÍCULO Los magistrados le reprochan al Gobierno, en un documento que han dirigido a la Sala de Gobierno del Supremo, que le haya negado a este tribunal su carácter de "órgano con relevancia constitucional del Estado" en el decreto en el que les retira el coche.
El escrito que han redactado los jueces aplaude la decisión de retirar el coche ("puede resultar una lacerante realidad" disponer de este coche oficial mientras "la ciudadanía" sufre la crisis, dicen los magistrados) e incluso considera que dicha medida se debería hacer extensiva "a todos los altos cargos a los que el decreto hace referencia". Es decir, el texto presentado afea al Gobierno de Mariano Rajoy que no considere al Supremo por encima de otros órganos públicos a cuyos miembros mantiene el vehículo oficial, pero pide que se lo retire a todos y no que se lo reintegre a ellos.
El decreto al que hacen referencia, del pasado 30 de noviembre, deja con servicio del parque móvil del Estado a altos cargos de la Administración del Estado con nivel orgánico inferior al de subsecretario --se incluyen los directores generales, por poner un ejemplo--, así como vocales del Consejo General del Poder Judicial y magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.
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