I. INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es una modificación parcial de algunos puntos clave de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
El documento del que nos servimos para realizar este análisis puede dividirse en dos planos: un preámbulo que resume la intención de la reforma educativa (hasta el punto IV) y las modificaciones concretas de la LOE (desde el punto V en adelante).
Esta reforma educativa se yergue sobre una premisa principal: “[...] la calidad educativa debe medirse en función del "output" (resultados de los estudiantes) y no del "input" (niveles de inversión, número de profesores, número de centros, etc.)”.
Entre líneas, ya es fácilmente visible el espectro que la compone, que no es otro que el ahorro y el recorte de presupuesto en materia educativa. Es decir, la inversión de la menor cantidad posible de fondos a la escuela pública. En efecto, esta reforma sigue el espíritu de las demás puestas en marcha por el gobierno, con el objetivo de hacernos pagar su crisis.
Sin embargo, la intención de esta reforma va mucho más allá del recorte presupuestario. La realidad es que el sistema educativo, que ya era de por sí deficiente en el plano pedagógico y tecnológico y pobre en cuanto al nivel, será totalmente desmantelado. Reforzará, por tanto, la concepción elitista del modelo y excluirá a miles de estudiantes -de las clases más desfavorecidas, sobre todo-, los cuales se verán condenados a trabajos precarios, al paro y a la nula formación académica. Evidentemente, no podemos obviar el contenido elitizador que posee la LOMCE, que busca favorecer unos intereses concretos en detrimento de las posibilidades del pueblo.
No obstante, estos puntos serán específicamente analizados más adelante.
II. OBJETIVOS DE LA LOMCE
A pesar de dedicar varias páginas a ensalzar el contenido de la reforma como una oda a la diversidad del estudiantado, el objetivo de la LOMCE es acrecentar aún más dos grupos bien diferenciados entre el alumnado: el grupo de alumnos “de menor potencial”, que serán encaminados a cursar una FP devaluada o incluso a abandonar el sistema educativo a la edad de 15 años; y el grupo de alumnos “con posibilidades”, que tendrán la posibilidad de cursar el bachillerato. Las posibilidades a las que se refiere la reforma son, implícitamente, a las económicas. Con la LOMCE, una alumna cursará bachillerato porque podrá posteriormente pagarse la universidad.
Además, se inicia el progreso mercantilista sin retorno en la educación secundaria, pues esta la modificación de esta ley introduce cuantiosos guiños a intereses privados y empresariales
Para ello, modificará hasta la enseñanza primaria y estructurará la secundaria de otra manera. A continuación, se expondrá la interpretación de las premisas de LOMCE*.
“Todos los estudiantes poseen talento pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos por lo que el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlos y potenciarlos”.
Uno de los primeros conceptos que nos encontramos en el documento. Es una muestra de lo que viene y una manipulación brutal de la teoría de las inteligencias múltiples, que no aboga por la segregación según “talentos”, como expone la ley, sino por el desarrollo de todas las inteligencias de manera igualitaria. También se trata de un eufemismo que esconde la separación en clases según niveles formativos, lo que viene a ser una medida de exclusión total.
Tanto creen en el talento de las estudiantes que no les basta con 175 días lectivos al año, sino que se añadirán con la reforma los correspondientes a los días dedicados a las evaluaciones trimestrales y finales.
También la reforma contempla un aumento de las horas dedicadas a las materias comunes de competencias mínimas de manera que en las CCAA con lengua cooficial se aumenten hasta el 65% del horario escolar y al 75% en las comunidades sin lengua cooficial.
Se habla de “flexibilización de las trayectorias”, del desarrollo de “programas de mejora del aprendizaje y rendimiento” y de “la anticipación de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional”.
La flexibilización de las trayectorias, al igual que la flexibilización de los contratos de trabajo, esconde una precarización de las condiciones en las que el alumnado va a desarrollar su etapa formativa. Los programas de mejora son el eufemismo que se usa para denominar a los ya conocidos cursos que, en vez de poner empeño en solucionar los problemas cognitivos o de atención que pudiera tener el alumnado, reducen el nivel y le restan dificultad (véanse los cursos de “diversificación curricular” actuales). Con la anticipación de los itinerarios nos veremos forzados a elegir mucho antes el camino de los posteriores estudios, sin un tiempo de maduración de las ideas y los gustos y sin apenas conocer en qué consisten dichas trayectorias, que pueden y suelen cambiar mucho con el tiempo.
En este sentido, el nuevo cuarto curso de la ESO distingue, al hilo de la reforma que sufrió éste en 2010, entre “enseñanzas académicas” y “enseñanzas aplicadas” y reduce las materias comunes a ambos de 6 a 4 (Matemáticas, Educación Física, Lengua extranjera y Lengua castellana).
Se incluirán “pruebas a nivel nacional en etapas críticas” que tienen el objetivo de detectar tempranamente los problemas que presente el estudiantado, así como el nivel de exigencia.
A priori, la simple mención de pruebas a nivel nacional nos recuerda a las reválidas de la época franquista. Pero el texto profundiza aún más con el concepto de “etapas críticas”, que viene a expresar las edades más tempranas del alumnado, cuando aún se encuentran en la etapa de la educación primaria. Todo ello con el objetivo de dificultar el acceso a cursos superiores. Esta medida, a todas luces filtradora, es un ataque directo a los métodos pedagógicos que sostienen que es contraproducente someter a los niños y niñas a grandes presiones y a forzarles a interiorizar una serie de conceptos por encima del ciclo natural del aprendizaje.
Además, choca con el argumento utilizado en el anteproyecto de igualar los niveles de los países más desarollados en materia educativa, como los países nórdicos. Si analizamos cualquiera de estos sistemas, vemos que en ningún caso se le imponen exámenes a los y las niñas y tampoco se eliminan asignaturas.
Una de las medidas más alarmantes contempladas en este sentido es la generalización de una evaluación a todos los alumnos al finalizar tercer curso de Primaria, prueba ya realizada en algunas CCAA, en la que se comprobará el grado de adquisición de las competencias básicas en comunicación lingüística y matemática. De resultar desfavorable esta evaluación, se permite a los centros la adopción de las medidas ordinarias o extraordinarias oportunas sin descartar el repetir curso para el estudiantado, lo que supone una reválida encubierta en el tercer curso de la enseñanza secundaria.
Por otra parte, al finalizar el cuarto curso de la ESO las estudiantes deberán aprobar una reválida en toda regla para obtener el título de secundaria a través de un examen bien en modalidad de “enseñanzas aplicadas” bien en modalidad de “enseñanzas académicas” o en ambas separadamente. La primera da acceso a la FP exclusivamente, y la segunda al Bachillerato exclusivamente. Esta reválida supondrá un 30% de la nota final de la ESO, siendo el 70% restante las calificaciones ordinarias de la estudiante.
Se menciona la “racionalización de la oferta educativa” para darle prioridad a las materias de competencias básicas.
Racionalizar la oferta educativa, en todos los idiomas, significa reducir el número de asignaturas, con todo lo que ello conlleva, como el despido masivo de los profesores que las impartían. Con la excusa de mejorar el nivel educativo, se eliminarán asignaturas que se consideran menos importantes, que serán las artísticas y las que fomentan el pensamiento crítico. Pero, cabe preguntarnos, ¿con qué criterio se decide cuáles son las importantes y cuáles no? Falazmente, el anteproyecto nos contesta que las importantes son aquellas que poseen las “competencias básicas”. Sin embargo, todas las asignaturas tienen competencias básicas que nos ayudan a desenvolvernos. Por lo tanto, no se mejorará el nivel educativo, sino que se empobrecerá.
Al continuar leyendo, encontramos la siguiente referencia: “Corresponde a las Administraciones educativas promover la especialización de los centros educativos públicos de Bachillerato [...]”. Esto abre la puerta a la supresión de más modalidades de Bachillerato, como ya viene sucediendo. Por lo pronto, ya está confirmado que se eliminará el Bachillerato de Artes en su totalidad, y con este entrecomillado vemos que el proceso seguirá ampliándose.
La igualdad de oportunidades entre todos los alumnos y alumnas será un mito con la LOMCE.
Por otra parte, en el cuarto curso de la ESO se reducen las materias comunes a 4, quitando la posibilidad al estudiantado que vaya a cursar FP de estudiar Geografía e Historia correspondiente a ese curso.
Se expone el “aumento de la autonomía de los centros, fomento de la especialización y exigencia en la rendición de cuentas” y se concederá a los directores de los centros “la oportunidad de ejercer un liderazgo que en estos momentos se encuentra seriamente restringido”.
Este es uno de los puntos más agresivos y explícitos que contiene la reforma. El citado aumento de la autonomía de los centros, unido al fomento de la especialización y al aumento de la exigencia en la rendición de cuentas configuran la escuela como una empresa, donde lo verdaderamente importante no es la transmisión de la cultura sino la competitividad y la explotación de los recursos existentes. Ya no sólo se ha mercantilizado la universidad con el Plan Bolonia y la EU2015, sino también la enseñanza secundaria.
Por otra parte, podemos observar atónitos cómo, sin tapujos de ningún tipo, la figura del director o directora se verá multiplicada a la semejanza de un dictador, que tendrá más poder en todos los ámbitos (económico, ideológico, burocrático...). Según el texto, el liderazgo de los directores se haya restringido. Sabemos que se refiere a la existencia de los Consejos Escolares. La solución de la reforma será otorgarles simplemente una función consultiva (antes tenían capacidad decisoria) (artículo 127), sumándole un aspecto claramente antidemocrático a lo citado anteriormente.
Más adelante, el anteproyecto se adentra más en las competencias que tendrá el director (gestor, más bien) y denota lo siguiente: “A tal efecto, [el director] dispondrá de las siguientes facultades:
a) Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario e interino.
b) Proponer de forma motivada el nombramiento de profesores que, habiendo trabajado en los proyectos de calidad, sean necesarios para la continuidad de los mismos”.
Es decir, el director tiene un margen tan amplio de decisión, que puede rechazar incluso a funcionarios e interinos que obtuvieron su plaza en las oposiciones y, además, puede contratar a nuevos profesores sin necesidad de que éstos procedan de las listas de profesorado. Los candidatos a director o directora deberán haber superado un curso oficial de desarrollo de la función directiva.
En este sentido, se plantea toda una reforma tecnocrática y mercantilizadora de la enseñanza secundaria según la cual bajo la excusa de buscar la “autonomía, calidad, eficacia y excelencia” de los centros se dinamita el sentido de la educación como transmisora de ciencia y conocimiento y se constriñe exclusivamente al plano de atender a las necesidades económicas de una minoría. Se propone así una especie de “gestión por resultados” según la cual los centros deben diseñar programas educativos orientados al éxito en términos de rentabilidad económica y cumpliendo estrictamente las directrices marcadas con el objetivo de lograr una supuesta calidad que no es más que hacer de la educación una mercancía rentable para los intereses empresariales. Estos programas estarán basados en la “rendición de cuentas” hacia las administraciones educativas y por tanto en el posible estrangulamiento económico de los centros en caso de no orientar su actividad académica en el sentido económico que marca al reforma. Es una reforma de sentido tecnocrático y por tanto autoritario, que requiere de equipos directivos con capacidad de imponer esta vía mercantilizadora, para lo que son necesarias los cambios tendentes a la concentración de funciones señalados anteriormente.
Al hilo de esto también se entiende el golpe de Estado que supone que el Consejo Escolar deje de ser un órgano con potestades específicas y pase a ser un mero órgano consultivo, sin ninguna atribución propia que requiera de su aprobación.
Se apoya el plurilingüismo porque “resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales”.
En este apartado, se vuelve a focalizar en la empleabilidad. La ambición, el individualismo y el egoísmo toman más importancia de la que ya tenían como característica inherente al sistema.
“El proyecto educativo de calidad podrá suponer la especialización de los centros en los ámbitos curricular, funcional o por tipología del alumnado”.
Este es otro de los pilares básicos de la LOMCE. Para poder segregar sin dificultad alguna al alumnado como se ha explicado anteriormente, la ley se dota de mecanismos legales propios. Aquí se expresa claramente que no sólo no supondrá ningún problema, sino que además se fomentará la división del estudiantado según los criterios marcados por la propia ley para crear dos clases bien diferenciadas.
Concretamente, con la modificación del artículo 144, desaparece la referencia expresa a la prohibición de realizar clasificaciones de centros y a la publicación de las mismas.
Esto supondrá una diferenciación social y geográfica de los centros, de manera que sólo aquellos con una estructura de recursos mayor y un contexto social y económico más favorable podrán ofertar el conjunto de modalidades de Bachillerato o de cuarto de la ESO, segregándose centros y estudiantado en este sentido y creando desigualdades en el tejido educativo.
Impulso de la Formación Profesional y búsqueda de un acercamiento a los modelos de los países de nuestro entorno. Creación de un nuevo título de Formación Profesional Básica y se flexibiliza el acceso a éste. **
En primer lugar, se impulsará la Formación Profesional para acoger a todo el grueso de población restante que la universidad no puede asumir debido al sistema productivo de nuestro país.
Por otra parte, ese ansiado acercamiento a países de nuestro entorno se concreta con ejemplos como Alemania, donde las empresas obtienen trabajadores gratis que hacen estudios de FP. España persigue también que sus empresas tengan mano de obra gratis con esta reforma.
La creación de un nuevo título más básico y la flexibilización de éste se traducen en más precariedad para la FP y una reducción del nivel.
La concreción de este modelo segregador y elitista está en la división dual de la FP, planteándose un periodo de Formación Profesional Básica, y otro dividido en Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior. De esta manera se podrá enviar al estudiantado a la FP desde los 15 años, y desde el segundo curso de la ESO si hubieran repetido algún curso previamente. El carácter segregador se pone de nuevo de manifiesto al ser necesario aprobar una prueba de acceso por quienes tengan el título de técnico de Formación Profesional Básica para pasar al Grado Medio.
“(…) se entiende por Sistema Educativo Español el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo”.
Sin lugar a dudas, expone la progresiva privatización que sufrirá el sistema educativo incluso en sus aspectos más retrógrados y reaccionarios pues se autoriza a la concertación en la oferta de los títulos educativos con centros escolares que segregan al estudiantado por sexos.
“La Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y los ciclos de Formación Profesional Básica constituyen la educación básica”.
Teniendo en cuenta que la Constitución sólo asegura la gratuidad de la educación básica, podemos sacar en claro que, además de la universidad, el bachillerato, el primer y segundo ciclo de Educación Infantil, los Grados Medio y Superior de Formación Profesional y los de Régimen Especial (EOI, Escuelas de Arte, Artes Escénicas...) serán de pago.
Del mismo modo, se endurecen las condiciones de permanencia en el Bachillerato de manera que sólo podrá repetirse una sola vez un curso de éste.
“Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria […] o se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos un certificado de estudios cursados”.
Además de sacar al alumnado prematuramente del sistema educativo para, como se ha señalado antes, obtener mano de obra barata, precaria e ignorante, ni siquiera se asegura la entrega del Graduado Escolar. Un certificado de estudios cursados no es lo mismo que un Graduado Escolar.
“El Gobierno establecerá la normativa básica que permita a las universidades fijar los procedimientos de admisión de los alumnos que hayan obtenido el título de Bachiller o equivalente”.
Se eliminará la actual Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y se le cederá esa competencia a cada universidad, cuyo criterio de acceso también será definido por ellas, a semejanza del sistema de EEUU. Las universidades funcionarán ya como verdaderas empresas que aceptarán al alumnado según la rentabilidad que éstos ofrezcan.
El examen de ingreso que deberán realizar las universidades no viene definido, por lo que, teniendo en cuenta el amplio margen que se les deja a las mismas y las experiencias recientes de mercantilización de la universidad, probablemente los alumnos tendrán una serie de requisitos para acceder a ellas y serán expulsados o penalizados económicamente en caso de no aprobar una serie de materias. Es decir, se agravará más la situación que venía dándose con el RD 14/2012, el conocido tasazo. Es llamativo que uno de los criterios para los posibles procedimientos de selección por parte de las Universidades sea la actividad profesional de la estudiante o la nota obtenida en determinadas asignaturas del Bachillerato, criterios que fácilmente pueden conducir a la discriminación por motivos socioeconómicos. En estos casos la nota de admisión se repartirá entre la prueba de acceso que supondrá un 40% y el 60% restante lo supondrá la nota final del Bachillerato (ponderada con título y calificaición ordinaria).
Por otra parte, el título de Bachillerato sólo podrá obtenerse a través de una nueva reválida (no con simplemente aprobar Bachillerato) al finalizar el segundo curso cuyo resultado supondrá el 40% total de la nota de la estudiante en Bachillerato, y el 60% restante será la media de su calificación ordinaria.
Se concibe la educación ante todo como “motor que promueve la competitividad de la economía”, o como “una apuesta por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.
Como ya se ha demostrado en reiteradas ocasiones, la reforma hace explícito su mero interés por la empleabilidad y la competitividad en la economía, fomentando el libre mercado. Pero, su afán real estriba en la creación de puestos de trabajo aún en peores condiciones con una mano de obra más barata.
*: Usando el anteproyecto de ley. Las comillas son citas extraídas del mismo (http://goo.gl/spnZA)
**: Viene completamente desarrollado en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre (http://goo.gl/6uLlE)
III. COMPARATIVA LOMCE - LOE
Consultar la tabla comparativa de CCOO: http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/1476431-Ver_Estudio.pdf
IV. CONCLUSIÓN
Tras el análisis de la LOMCE, no cabe ninguna ninguna duda de que se trata de una reforma ideológica en tanto en cuanto se propone destruir los débiles cimientos que quedaban de la escuela pública fomentando la segregación y la exclusión social (con todo lo que ello conlleva: violencia, racismo, homofobia, xenofobia, etc.). Podemos decir que se irá quedando progresivamente en manos de las empresas y dejará de ser un derecho universal.
Esta reforma es el inicio de un proceso privatizador, mercantilizador y elitizador del sistema educativo público Vemos también cómo se va desmontando la falacia del “Estado del Bienestar” que reconocía haber universalizado la educación, cuando es precisamente la exclusión lo que más se está fomentado y uno de los problemas actuales más frecuentes. Adoptando una óptica puramente utilitarista, el sistema educativo aceptará en su seno al alumnado del que podrá posteriormente sacar un beneficio. El resto, quedará fuera.
Lo dicho anteriormente se refuerza cuando comprobamos que la educación privada y concertada no sufrirá los cambios que expone la ley, porque los que acceden a ella son frecuentemente capaces de asumir los gastos de una educación cara y que por lo tanto tendrán la suerte de poder acceder a una educación superior.
Podríamos condensar las características de la reforma educativa en siete ejes sobre los que se vertebran toda una serie de mecanismos que perjudican al alumnado, al profesorado y los padres y madres y, en general, a toda la sociedad.
1. Tiene un exclusivo enfoque mercantilista.
2. Concibe la educación como una carrera de obstáculos con múltiples reválidas.
3. Es clasista y segregadora a través de itinerarios selectivos y tempranos.
4. Socava la participación democrática de la comunidad educativa en los centros.
5. Opta por la recentralización y control del currículo por la Administración.
6. Introduce la “gestión empresarial” de los centros y su financiación según resultados, ordenándolos en rankings, previo paso a la privatización progresiva.
7. Fomenta el negocio educativo y “legaliza” los conciertos con centros que discriminan por razón de sexo.
OTROS MATERIALES DE INTERÉS:
-Análisis SoyPública: http://soypublica.files.wordpress.com/2012/10/lomnce1.pdf
-Análisis del profesor Fernando Trujillo: http://lomceanalizada.tumblr.com
-Video explicativo de la LOMCE: http://youtu.be/1Np6DHCoMZA
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