Cuando Rajoy defendía a capa y espada la inocencia de Bárcenas

En abril de 2009, nada más conocerse los vínculos del extesorero del PP con la 'trama Gürtel', el presidente pronunció una frase lapidaria que le perseguirá toda la vida: "Nadie podrá probar que no es inocente"

Luis Bárcenas ha pasado su primera noche en la cárcel algo más de cuatro años después de que el juez Garzón destapara los vínculos del extesorero del PP con la trama Gürtel. Entonces, cuando saltó la noticia, Mariano Rajoy salió ante los medios de comunicación arropado por otros diridentes del PP —una estrategia a la que entonces recurría mucho el partido para dar sensación de unidad y respaldo al líder— para decir

una de esas frases lapidarias que le perseguirán toda su vida, como ya le ocurrió con Camps: aquello de "nadie podra probar que [Bárcenas y Gerardo Galeote, eurodiputado del PP también imputado] no son inocentes".

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento vasco y preguntado si creía que Bárcenas debía dimitir hasta que se aclarara su situación o si Galeote debería ir en las listas del PP para las elecciones europeas, el entonces presidente del PP y actual jefe del Gobierno subrayó que "estas dos personas no  están imputadas por ningún tribunal y no están acusados por nadie. La propia Fiscalía le ha dicho a Garzón que no  mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios  suficientes contra estas dos personas. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes",  aseguró Rajoy. 

Cuatro años después el juez, el fiscal, gran parte de los medios de comunicacion y buena parte de la ciudadanía han llegado a la conclusión de que quizá Bárcenas no era tan inocente como Rajoy decía. Pero ahora que Bárcenas está en la cárcel, Rajoy, lejos de rectificar, da —por ahora— la callada por respuesta.

Fuente: http://www.publico.es/458020/cuando-rajoy-defendia-a-capa-y-espada-la-inocencia-de-barcenas

La caída del paro en junio no se debió a la creación de empleo

Aunque el paro registrado se redujo en 127.248 personas, la afiliación a la Seguridad Social aumentó sólo en 26.853. La diferencia indica que sólo una de cada cuatro personas que abandonaron las listas del paro encontró un trabajo

Los datos son inapelables, pero difícilmente cuadran: en el mes de junio el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo se redujo en 127.248 personas, pero la afiliación a la Seguridad Social sólo aumentó en 26.853 personas. Además,  en junio se registraron en el antiguo Inem un total de 1.277.255 contratos, lo que supone una bajada de 109.084 sobre el mismo mes del año 2012 (un 7,9% menos). La pregunta es entonces inevitable: si 127.000 personas encontraron empleo en junio, pero baja el número de contratos ¿cómo explicar que sólo 26.000 personas se hayan afiliado a la Seguridad Social?

El sindicato CCOO apuntó el martes una respuesta que suscribe casi todo el mundo: que el importante descenso del paro registrado en junio no parece responder a la creación de empleo. Es más que probable que, con la misma intensidad, un importante número de personas, a pesar de no haber encontrado trabajo, han dejado de inscribirse en las oficinas de empleo. A eso hay que añadir las personas que han salido del país para encontrar un futuro fuera o los parados registrados que se han jubilado, que aunque pocos, también los hay.

Frente al optimismo del Gobierno, hasta la propia asociación de agencias privadas de empleo (Asempleo) recomendaba cautela ante los datos conocidos de paro. Según sus cálculos la diferencia entre los nuevos afiliados a la Seguridad Social y el descenso en el paro registrado sólo significa una cosa: que sólo una de cada cuatro personas que abandonaron las listas del paro encontró un trabajo el pasado junio.

En cualquier caso habrá que esperar a ver los datos que arroja la próxima Encuesta de Población Activa (EPA), a la que los expertos consideran un análisis más fiable de la evolución del mercado laboral. Según la última EPA, en el primer trimestre de 2012 en el país había más de seis millones de parados. 

Es más que probable que, con la misma intensidad, un importante número de personas, a pesar de no haber encontrado trabajo, han dejado de inscribirse en las oficinas de empleo

Pero el mensaje del Gobierno, por su parte, era casi de euforia, de anuncio del fin de la crisis. Destacó como gran logro que en el primer semestre de 2012 el paro registrado había experimentado su mayor descenso desde 2007. Los datos de afiliación a la Seguridad Social también se vendieron como un éxito. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, afirmó que el aumento medio de afiliados a la Seguridad Social era un dato "muy positivo que refleja un mejor comportamiento del conjunto de sectores". 

Cuando a Burgos le preguntaron por la diferencia entre el dato de bajada de paro y el número medio de afiliados a la Seguridad Social, el secretario de Estado explicó mientras las estadísticas del paro registrado arrojan el balance a cierre de mes, el dato de la Seguridad Social hace referencia a una media mensual, lo que perjudica el dato final de afiliación. Por tanto, "si se comparan los datos de junio y mayo, el crecimiento sería sustancialmente superior", dijo Burgos, quien apuntó a que las afiliaciones netas serían 58.685.

La contratación y el efecto estacional

CCOO también apuntó ayer a otro frente: el de la contratación. El sindicato consideró ayer "muy preocupante" la pérdida anual de contratación indefinida, que bajó el 48,05%. El sindicato destacó que el empleo se está creando en actividades de temporada, por lo que, en su opinión, "no cabe establecer una relación clara" entre el crecimiento de afiliados y la recuperación económica.

Diagnóstico que comparte Asempleo, que ayer destacaba que los datos desestacionalizados (sin el efecto calendario) muestran que la afiliación a la sdisminuyó en 7.300 personas, mientras el paro registró un aumento de 1.000 personas. En su opinión, aunque los ritmos crecimiento del paro y caída de la afiliación se moderan interanualmente, no se invierte la tendencia y aún no se ve una salida clara de la recesión.

De hecho, si se analizan los datos desestacionalizados se aprecia que el número de afiliados ha caído en 7.324 en junio respecto al mes anterior, después de que en mayo mejorara en 5.659 afiliados nuevos (único mes en lo que va de año en el que se han generado empleos restando el efecto calendario).

En términos interanuales, la afiliación a la Seguridad Social registró un descenso de 633.977 trabajadores (-3,72%) respecto al mismo periodo del año anterior. Es más, si se echa la vista hasta junio de 2012, el paro ha marcado un deterioro del 3,22%, lo que supone 148.411 desempleados más.

Esta cifra dista mucho del incremento en 493.468 personas de un año antes y supone, en términos relativos, es el menor ritmo de crecimiento interanual desde mayo de 2011.

Fuente: http://www.publico.es/dinero/458262/la-caida-del-paro-en-junio-no-se-debio-a-la-creacion-de-empleo

El Consejo de Estado emite un duro informe en el que califica la reforma local del Gobierno como ilegal

El Consejo de Estado emite un duro informe en el que califica la reforma local del Gobierno como ilegal

El Consejo de Estado ha emitido un informe sobre el anteproyecto de ley de la reforma de la administración local que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere llevar a cabo, en el que lanza un severo aviso al Gobierno al dejar claro que el citado texto cuestiona el artículo 140 de la Constitución porque puede reducir "en exceso" la autonomía municipal garantizada por la Carta Magna. 

El Consejo de Estado emite un duro informe en el que califica la reforma local del Gobierno como ilegalEn este sentido, explica que el llamado "coste estándar" de los servicios que prestan los municipios, incluido en la nueva regulación, se convierte en un cheque "en blanco" que se da al Gobierno mediante el cual puede quitar competencias a los ayuntamientos.

El citado informe, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, Landelino Lavilla, Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Alberto Aza, Manzanares Samaniego, María Teresa Fernández de la Vega, Alonso García y Hernández Gil.

El texto supone un duro varapalo al anteproyecto presentado por el Gobierno al establecer dos claras conclusiones. Por un lado, dejando claro que "la garantía constitucional de la autonomía local consagrada en el artículo 140 de la Constitución puede verse cuestionada" por el "vaciamiento competencial de los ayuntamientos. Y por otro, al ser muy crítico con la regulación que hace el texto del "coste estándar", al entender ésta que "resulta insuficiente" y "debe completarse", ya que el citado coste determinará que los ayuntamientos que no lo cumplan perderán las competencias sobre sus servicios y éstas pasarán a las diputaciones provinciales o a los cabildos o consejos insulares.  

UN CHEQUE EN BLANCO AL GOBIERNO

En este sentido, el órgano consultivo del Gobierno advierte de que, a pesar de que la aplicación de este parámetro contiene una función "ablativa" de las competencias municipales, lo único que dice el anteproyecto de ley es que le corresponde al Gobierno fijarlo mediante real decreto. Una remisión ésta que el órgano consultivo del Estado considera "tan amplia y carente de parámetros legales" que "prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno".

Por ello, el órgano consultivo del Estado recomienda regular "de manera suficiente" la definición de "coste estándar" precisando algunos "extremos relevantes" para su determinación y el modo en que ha de operar en la práctica.

En este sentido, ve necesario que el legislador establezca si el citado "coste estándar" es "único para todos los servicios" o si variará respecto de cada uno de ellos, o incluso si puede haber varios "costes" predeterminados para un mismo servicio en función de determinados criterios que también deberían identificarse.

Así, por ejemplo, el Consejo de Estado entiende que, dada la heterogeneidad de la realidad municipal española, deberían tenerse en cuenta variables como la orografía, el clima o la estructura social y económica del municipio, entre toros, y no sólo su tamaño o la densidad de población.

Además, cree que el anteproyecto debería concretar otros aspectos "esenciales" del procedimiento para determinar este parámetro y no es suficiente, precisa, "que se indique que deberá oírse a las CCAA y recabarse el informe de la Comisión Nacional de Administración Local".

En este sentido, también se queja de que el texto no incluye una regulación de la evaluación de los servicios municipales y recalca que, en la medida en que puede desembocar en el "desapoderamiento" de competencias locales, el anteproyecto debería "especificar a quién corresponde la competencia de realizar tal evaluación y precisar los criterios que deben tomarse en consideración".

ALERTA SOBRE LA REDUCCION DE COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES

Además de estas consideraciones, el Consejo de Estado deja clara su advertencia de las consecuencias que puede acarrear la aplicación de parámetro llamado "coste estándar" de los servicios. En opinión del órgano que dirige José Manuel Romay Beccaría, la puesta en marcha de este procedimiento puede afectar a las competencias locales que ampara la Constitución.

Así lo señala el informe al afirmar que la reforma de la administración local, con la aplicación del citado parámetro, puede "incidir notoriamente en el desenvolvimiento efectivo de la autonomía municipal y, a la postre, reducir en exceso el ámbito competencial que integra el núcleo duro esencial de esa autonomía constitucionalmente garantizada".

Y en este sentido, precisa que "la garantía institucional de la autonomía local consagrada en el artículo 140 de la Constitución puede verse cuestionada como consecuencia del eventual vaciamiento competencial de los municipios y por el hecho de que sus competencias pasen a una entidad de representación indirecta como es la Diputación Provincial".

CUESTIONA LA LEGITIMIDAD DE LAS DIPUTACIONES

En cuanto al traspaso a las diputaciones de las competencias locales que perderían los municipios por tener un coste de los servicios superior al "coste estándar" que establezca el Gobierno, el Consejo de Estado advierte de que las "Diputaciones Provinciales son entidades locales de representación indirecta".

Además, recuerda que el papel de las Diputaciones es mas bien "funcional", encaminado a "asistir" a los municipios y a coordinar su actuación. Y sin embargo, señala el informe al que ha tenido acceso Europa Press, el anteproyecto "opta" por encomendar a las Diputaciones la prestación de los servicios municipales que el ayuntamiento no haya podido realizar al "coste estándar" establecido, sin tener en cuenta otros aspectos relevantes para la adecuada prestación del servicio y sin establecer distinciones, excepciones o modulaciones, ni tener en cuenta otros problemas como puede suponer en la práctica el "ejercicio de autoridad".

Así pone como ejemplo que no parece que deba aplicarse el mismo régimen de intervención al servicio de transporte urbano que al de la policía local, "exponente típico del ejercicio de funciones de autoridad".

Otro de los aspectos que critica es que en el anteproyecto "no se toma en consideración si la Diputación a la que haya de encomendarse dicha prestación se encuentra en situación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" en los términos de la Ley Orgánica "/2012 o si ésta presenta una situación de déficit que pueda dificultar o impedir la asunción de la gestión de ciertos servicios.

Fuente: http://www.diarioprogresista.es/el-consejo-de-estado-emite-un-duro-informe-en-el-que-33250.htm

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ FEDERAL DEL PCE EN SOLIDARIDAD CON LAS TRABAJADORAS DE LIMPIEZA DE HOSPITALES EN ARAGÓN

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ FEDERAL DEL PCE EN SOLIDARIDAD CON LAS TRABAJADORAS DE LIMPIEZA DE HOSPITALES EN ARAGÓN

Las 1.500 trabajadoras del sector de limpieza de hospitales en Aragón iniciaron hace ya más de 40 días una huelga en defensa de sus derechos laborales. 

La multinacional ISS, la empresa LIMPISA Grupo Norte y Multianau con la colaboración y complicidad de Ricardo Oliván, Consejero de Sanidad, pretenden eliminar su convenio y cualquier derecho derivado del mismo, ampliar jornadas, movilidad y reducir sus salarios actuales a los 645 euros mensuales del SMI.

Todo esto es posible gracias a la reciente reforma laboral que, como ya denunciamos desde el PCE, ataca frontalmente a la negociación colectiva.

El conflicto del sector de la limpieza es un primer pulso político para ir socavando los derechos de toda la clase trabajadora en Aragón y en el conjunto del estado. Junto a los derechos laborales está en peligro la propia calidad de la sanidad y el aumento del poder del sector privado que va avanzando en los sectores y servicios públicos.

Estas empresas y el Gobierno fomentan el modelo de privatización y, en el caso de ISS, tienen claros vínculos con empresas financieras como Partners y Goldman Sachs. 

Desde el PCE queremos mostrar nuestra más profunda solidaridad con las trabajadoras y, como venimos haciendo, estaremos presentes en las movilizaciones y en su lucha, que es la nuestra. 

Son ya más de 40 días de dignidad, esta huelga de todas y todos la vamos a ganar.

¡Viva la lucha de la clase obrera!

Comité Federal del PCE, sábado 29 de junio de 2013

Comunicado de la Agrupación de Industria PCE-Aragón ante los 76 despidos en TROX

COMUNICADO ANTE LOS 76 DESPIDOS EN TROX.

La Agrupación Sectorial de Industria del PCE- Aragón, ante la huelga convocada por el Comité de empresa y apoyada por los/as trabajadores los días 02, 03 y 04 de julio en la fábrica de TROX quiere manifestar:

- Como comunistas, todo nuestro apoyo y solidaridad a la clase trabajadora de TROX, que está siendo chantajeada y menospreciada por una dirección de la multinacional que está deslocalizando la producción continuamente con una falta de transparencia total.

- Produce un goteo constante de despidos, sin negociar medidas con los representantes de los trabajadores que pudieran evitar dicha sangría, incumpliendo los acuerdos a los que llega con el Comité de empresa y la administración.

- No tienen la valentía de solucionar los problemas con los representantes de los trabajadores, sino que se esconden detrás de una consultora para aprovecharse de una reforma laboral con la que quiere despedir a trabajadores, siendo ellos mismos los que se financien sus despidos.

- Estos mercenarios del despido utilizan el miedo para que se acaten sus decisiones con las reducciones salariales, más precariedad y despidos. Esto solo tiene una salida, la lucha organizada de toda la plantilla.

Hoy más que nunca tenemos y debemos estar organizados sindical y políticamente para hacer frente al conflicto que tiene la dirección de TROX con los trabajadores, por mediación de una consultora a sueldo de la multinacional.

¡Viva la lucha de la clase trabajadora!