En 2009 las Cortes de Aragón aprobaron una ley de uso, protección y promoción que reconocía la existencia tanto del aragonés como del catalán y garantizaba el aprendizaje (voluntario) en la enseñanza reglada y determinados derechos de los ciudadanos que las hablan, entre ellos el de dirigirse y ser contestados por la Administración en sus respectivas lenguas. Esta ley nunca ha llegado a ser aplicada.
Últimamente estamos acostumbrados a ver como el gobierno del PP hace servir eufemismos como "movilidad exterior" a Fuga de cerebros; "procedimientos de ejecución hipotecaria" a los Desahucios; "medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas" a la Amnistía fiscal; "apoyo financiero" o "línea de crédito" aprobado por el Eurogrupo al Rescate; "reformas estructurales necesarias" a los Recortes; "copago" al Repago; "gravamen adicional" a la Subida del IVA; "un crecimiento negativo" a la Recesión; "flexibilizar el mercado laboral" a Abaratar el despido; etc. En mediática estos eufemismos sirven para disfrazar la realidad, evitando una semántica con contenidos precisos por otra con contenidos más desdibujados e imprecisos. Forma parte de la tecnología de la manipulación de la opinión pública y enmascarar su política neoliberal. Estas manera de hacer política aunque no la compartimos desde el PCE, es lícita, pero es totalmente denunciable que los políticos se permitan cambiar los términos científicos e ingieran en este dominio, como ocurre con la nueva Ley de Lenguas de Aragón que denominan al catalán LAPAO y al aragonés LAPAPYP. ¡Hasta donde hemos llegado! Los intereses reales son de acabar con el régimen democrático y retroceder a poderes centralistas y absolutistas que nos recuerdan viejas glorias de tiempos pasados.
El actual Gobierno de Aragón PP y PAR, desoyendo la normativa internacional (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias), también ignora la estatal (Constitución Española de 1978) y hasta el propio Estatuto de Autonomía. Ha derogado la Ley de 2009, aprobando una norma que niega la existencia tanto del aragonés como del catalán y condena a estas dos lenguas a la invisibilidad y a medio plazo a su desaparición.
A continuación, ¿qué nos espera?, ¿cómo va a afectar a las actuales actividades de enseñanza del aragonés y del catalán en los centros públicos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria, ESO y Bachillerato de la Franja Oriental?, y ¿cómo va a afectar la nueva Ley de Lenguas aprobada en las Cortes de Aragón al profesorado que imparte las actuales actividades de enseñanza del aragonés y del catalán en los centros públicos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria, ESO y Bachillerato de la Franja Oriental?
Por todo lo expuesto, el PCE de Aragón manifiesta y muestra su apoyo al reconocimiento expreso del aragonés y el catalán hablado en Aragón, así como de los derechos de los ciudadanos que los hablan, para un desarrollo público normal de ambas lenguas, en aplicación de la legalidad internacional en esta materia y en igualdad de condiciones con el resto de las lenguas de España, de Europa y del mundo. La adscripción lingüística de estas lenguas con sus hablas dialectales locales, corresponde en exclusiva a las comunidades académica y universitaria. La Ley recientemente aprobada ignora, al respecto, los criterios filológicos y lingüísticos ampliamente aceptados por estas comunidades.
El PCE denuncia el intento del Gobierno de Aragón del PP-PAR de hacer desaparecer dichas lenguas de nuestro territorio y de nuestra riqueza cultural.
Fuente:
http://www.nodo50.org/pcaragon/?q=node/63
