La Sanidad Pública, el Sistema Nacional de Salud en España, es el resultado de un esfuerzo solidario de las personas más sanas y con más medios económicos a favor de quienes están más enfermos y son más pobres. Su gran aprecio internacional proviene del hecho que, hasta ahora, era una Sanidad con acceso prácticamente universal, sin barreras económicas para su uso y con una potente atención primaria que favorecía la calidad y la accesibilidad de sus prestaciones.
De manera agregada, es decir para el conjunto del sistema, su eficiencia era incuestionable, porque teniendo una elevada calidad de sus prestaciones y unos excelentes resultados en salud, el gasto sanitario público era de 309,6 $ en poder paritario de compra inferior a la media del de los países de la Unión Europea (OCDE Health Data octubre 2012). Paralelamente el crecimiento anual del gasto sanitario fue del 2,7% frente al 4,5% del promedio de los países de la OCDE. O sea que de gasto sanitario insostenible y de crecimiento incontrolado, nada de nada.
Lo mismo pude decirse de la supuesta gratuidad que teóricamente sería la responsable de la sobreutilización del sistema: el sistema sanitario no es gratuito porque lo pagamos con nuestros impuestos, solo lo parece porque no hay barreras económicas al acceso de unas prestaciones que todas ellas (las que financia la Sanidad Pública) no son decididas por los ciudadanos sino por los profesionales sanitarios después de entender que son necesarias para su diagnostico y/o tratamiento. Por otro lado los datos conocidos señalan que aunque tenemos una utilización de consultas médicas por encima de la media, somos a la vez el país de la Unión Europea con menor numero de estancias hospitalarias por habitante y año, y además los países que nos superan en numero de consultas por habitante y año, causalmente todos tienen establecido copagos por acudir a la consulta. Gracias al sistema que teníamos hasta ahora todas las personas podían recibir las prestaciones sanitarias que necesitaban independientemente de su nivel económico, y por eso la Sanidad española era generalmente apreciada y en muchos casos envidiada.
Esta situación ha cambiado a partir del RD Ley 16/2012. Desde entonces, aparte de la exclusión de los inmigrantes no regularizados, un verdadero desastre humanitario, se han establecido y/o incrementado copagos sobre los fármacos, el transporte sanitario, las prótesis, las órtesis y la dietoterapia. Estas medidas significan barreras al acceso de prestaciones sanitarias para quienes las necesitan mas , están mas enfermos, y tienen menos recursos, son mas pobres, lo que a pesar de la propaganda ministerial se esta comprobando todos los días (un 16,83% de los pensionistas madrileños no recogen algunas de las recetas prescritas por falta de fondos; la Asociación española contra el cáncer señala que el promedio de copagos de estos enfermos alcanza los 450€ de promedio mensual, etc), pero estas barreras son acumulativas, las personas mas afectadas son los enfermos crónicos, los grupos con menores ingresos (el porcentaje de pensionistas que no retiraban los medicamentos subía al 22% cuando los ingresos mensuales por persona eran inferiores a 400 €), las mujeres sobre todo las mayores de 65 años, los discapacitados y los que viven en el área rural. Si alguien tiene la mala suerte de pertenecer a varios de estos grupos esta perdido, queda automáticamente excluido del derecho a la atención sanitaria, un cálculo aproximado señala que estamos hablando de más de 6 millones de personas.
Esta es otra característica de esta verdadera contrarreforma sanitaria, que se ceba en los grupos de población mas vulnerables y con menor capacidad de respuesta, y claro esta lo hacen quienes reciben unas retribuciones del erario público que superan con mucho los 100.000 € anuales y que, además, tienen sobresueldos de todo tipo y están implicados en todo tipo de chanchullos de dudosa o evidente ilegalidad, y que en mas de un caso se atreven encima a hablarnos de moral cristiana.
Por si fuera poco, tenemos el proceso de privatizaciones en marcha, que evidencia aún mas que las medidas no se toman para mejorar o hacer sostenible el sistema sanitario, sino por intereses económicos ajenos al bien público. Aunque lo remachen como si fuera el catecismo no hay ninguna evidencia de que las privatizaciones mejoren ni la eficiencia ni la eficacia de la sanidad, y no es así ni a nivel macro (los países con modelos mas privatizados tienen un mayor gasto sanitario) ni tan siquiera a nivel micro, porque como señalan todos los estudios a nivel internacional (hay uno reciente de Plos medicine) los centros privatizados son mas opacos, mas costosos, empeoran la calidad de las prestaciones y generan un entorno en el que lo importante no es resolver los problemas de salud de la población, sino obtener beneficios.
Que este proceso de retirada de derechos, de barreras económicas para el acceso y de privatizaciones se este dando en medio de la crisis económica actual (con la bajada de los salarios, mas de 6.200.000 parados, un porcentaje creciente de familias sin ningún ingreso, aumento espectacular de la pobreza, etc), es lo que convierte una mala política en un desastre sanitario, que tendrá muy importantes repercusiones, en perdida de vidas y de salud, para ese 99% de la población que está pagando las injustas e interesadas decisiones del 1% restante. Al menos queda el consuelo de ver que existe un masivo y continuado rechazo a esta política por parte de la ciudadanía y de los profesionales de la Sanidad. Habrá que seguir en ello.
Fuente: http://www.oiapss.org/?p=755
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