Cuando las leyes sociales, económicas y laborales de un país no están al servicio del pueblo soberano, no podemos hablar de un sistema democrático.
Cuando el conjunto de la legislación está podrida al servicio del almacenamiento del capital de unos pocos, más bien podemos referirnos a una oligarquía.
Si los gobiernos títeres han permitido, que desde 2008 las entidades bancarias arrebaten el derecho fundamental a la vivienda de 350.00 familias desahuciadas, y permanece impasible ante el gran constante aumento del nivel de la pobreza, llegando a once millones de personas en riesgo de exclusión social, cuando no sabe erradicar la lacra del desempleo con casi 6 millones de parados. Entonces no vivimos en un Estado Social y de Derecho.
Para ello se reforma la Constitución para seguir con el mismo sistema de austeridad general y enriquecimiento particular de la clase mas adinerada o para volver a un estado económico centralizado, limitando las competencias de las autonomías. Esto supone un atentado mortal a la breve historia democrática de nuestro país que a través de su carta magna desarrolla que la organización del Estado, será descentralizada y autonómica dotando progresivamente, la mayoría de las competencias económicas y políticas a las autonomías.
Las leyes se conforman y evolucionan al igual que la sociedad, por ello modificar o anular las leyes y los conceptos básicos del Derecho Social, que garantizan nuestro derecho al trabajo a una vivienda, a una educación y sanidad pública de calidad, para acabar con lo que se llamaron Estados de Bienestar, supone una involución social terrible, propia de otras épocas. Cuando nuestras democracias pierden su contenido social, cuando entregamos fuerza de trabajo y dinero a base de impuestos y recibimos perdidas de derechos y libertades, podemos afirmar que no estamos lejos de sociedades anteriores a la revolución industrial o incluso sociedades post feudalistas.
El ciudadano no está al servicio de una ley injusta que no le permite vivir felizmente en paz y libertad y que le conduce a la ruina. Si no la ley al servicio del hombre y que garantice sus derechos fundamentales para vivir en sociedad. El ciudadano debe entrar en la contradicción de porqué debe contribuir a un sistema que ni le ofrece las mínimas condiciones para subsistir, sin trabajo, sin vivienda. Moralmente se legitima cualquier acto de rebeldía o resistencia y desacato al cumplimiento moral de ciertas leyes impositoras de la ruina social. Tenemos conciencia no somos esclavos de nadie.
Una democracia sin contenido social no es democracia; es un régimen de ciertas libertades políticas que por sí solas no garantizan la lucha contra la desigualdad socioeconómica y la pobreza. Nuestra democracia formal permite que en la práctica haya personas que vivan, sobrevivan (y a veces mueran) sin derechos económicos y sociales. Hace aproximadamente un año, el por entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Newt Gingrich, declaraba que las leyes laborales infantiles eran “estúpidas” y proponía que los niños desfavorecidos mayores de 9 años pudieran trabajar a tiempo parcial. Gingrich reivindicaba sin complejos el derecho a explotar. Los intentos de conciliar democracia y neoliberalismo pueden llevar a la Europa de la austeridad a toda costa al borde del genocidio social. ¿Habrá que volver a los tiempos de Dickens para radicalizar la conciencia de la necesidad de un cambio económico, social y político?
Raúl Pascual
Agrupación Sectorial Servicios PCE ARAGON
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