Son el exgerente, Ricardo García Becerril, y los directores técnico y el de obras de la consultora. La unidad de Delincuencia Económica de Madrid practicó ayer 10 registros en Zaragoza
La Policía arrestó ayer, en una operación impulsada por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Ricardo García Becerril, al director técnico del ente, Miguel Ángel Pérez y al de obra, Nico Groeneveld (de la consultora Intecsa-Inarsa), como presuntos responsables de delitos patrimoniales por un valor aproximado de 50 millones de euros, en relación con sobrecostes, pagos irregulares y obras ficticias en la construcción del polígono Plaza. Un valor aproximado a los sobrecostes que calculaba el Gobierno aragonés en sus últimas demandas. Durante la operación policial se realizaron ayer diez registros en Zaragoza, entre ellos el de la sede de la Unión Temporal de Empresas Acciona-Mariano López Navarro, en Arcosur, y una casa, al parecer propiedad de Becerril, en el Picarral.
Según informó la Fiscalía Anticorrupción, del análisis de la documentación e investigaciones con la que ya contaba antes de los registros, se desprendían indicios de delitos de de malversación de caudales públicos blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, cohecho y prevaricación. Pero no descartaban que del análisis de la abundante documentación --y, según algunas fuentes, dinero-- decomisada ayer pudieran desprenderse más irregularidades.
SOBREFACTURACIÓN
Estos delitos derivarían, según la Fiscalía, de sobrefacturaciones de las obras ejecutadas por la citada UTE en las dos fases de las obras, aumentando los valores reales y simulando "mayores medidas" en los trabajos realizados que, presuntamente, contaban con el beneplácito del director de obra de la consultora que certifica la realización de los mismos. Además, los investigadores detectaron pagos en especie a directivos y a la dirección técnica de las obras con cargo a la empresa pública. Estos pagos se habrían logrado con certificaciones de obras no ejecutadas. Para ocultar estas, habrían simulado saneamientos de zonas de tierra que no habrían realizado.
Para tratar de acreditar completamente todos estos extremos, un fiscal anticorrupción y varios equipos de la Unidad contra la Delincuencia Fiscal y Económica (UDEF) se desplazaron ayer desde Madrid (según algunas fuentes, como ramal de una investigación sobre Acciona) para proceder a los registros. Los desarrollaron en empresas y domicilios del propio polígono Plaza --entre otras, la sede de Acciona--, la citada sede de la UTE en Arcosur o la sede de la empresa Intecsa-Inarsa, según fuentes de la Fiscalía.
Para los registros, la comisión judicial llegada de Madrid hubo de pedir autorización al Juzgado de Guardia de Zaragoza, y contó con la colaboración de la Brigada de Blanqueo de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y de las patrullas de seguridad ciudadana para acordonar las sedes.
UTE
Una de las que más atención concentró fue la de la UTE, en la calle Isaac Albéniz, cuyos vecinos aseguraron que vieron llegar a los agentes ya a las ocho de la mañana. Al cierre de esta edición, los investigadores aún estaban en las múltiples casetas de obra, al parecer repletas de documentación, y periódicamente extraían y trasladaban documentos y archivadores a sus furgonetas. En el registro, según informó la Fiscalía estuvieron presentes el gerente de la UTE --en principio, no imputado-- y abogados de las empresas implicadas.
Mediada la tarde, otro grupo de agentes acompañaban al exgerente, García Becerril --detenido a primera hora del día en Salou--, hasta una vivienda de la calle Monte Perdido del Picarral. Introdujeron al arrestado, esposado, en la vivienda, en cuyo registro participaron perros de rastreo.
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