El documento pone en tela de juicio la revisión de precios que ha puesto en práctica la empresa. Si la concesionaria incluyó costes que no le correspondía podría tener que devolverlos
Un informe jurídico de la facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza pone en tela de juicio la facturación que durante años ha firmado la antigua concesionaria TUZSA. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, cuestiona la revisión de precios realizada por la contrata por haber incluido costes que no "contemplaba el contrato", según fuentes municipales. El texto abre la posibilidad de que se haya producido un "enriquecimiento injusto" a favor de la compañía tras obtener ingresos "muy superiores" al tipo de contrato de explotación.
En caso de que la revisión de precios y, por tanto, las facturas trasladadas al consistorio hayan sido "excesivas", según explican fuentes municipales, la ley podría ponerse en contra de la adjudicataria y ser la concesionaria quien devuelva altas cantidades de dinero a las arcas públicas. Se aprecia la posibilidad de que el agujero del ayuntamiento, en la que una parte corresponde al servicio del transporte urbano, pase a reducirse. Pero va más allá. La aplicación del texto podría extenderse a otras contratas, como FCC en la limpieza.
BENEFICIOS Según las mismas fuentes, la concesionaria estima en aproximadamente 50 millones de euros el coste de la liquidación de la contrata --se incluyen los 16 millones que ha reclamado por la vía judicial-- en concepto de revisión de precios y otras cantidades que tienen que ver con la gestión del servicio. El texto sugiere que la empresa estaría exigiendo una cantidad de dinero a partir de unos hechos que "no están contemplados en el contrato". En este caso, se pone en cuestión que se haya producido un "enriquecimiento injusto" del contratista, es decir, los beneficios obtenidos por TUZSA habrían sido "muy superiores" a los estimados para prestar un servicio público. Atendiendo al informe jurídico, la institución tiene que "controlar y limitar la ventura de unos beneficios extraordinarios por encima de un máximo calculado".
Es más, no debe soportar aquellos costes generados por decisiones internas ni los que surjan por el propio desarrollo de la actividad a largo plazo. Lo que se firma en los pliegos es lo que la contrata debe facturar. En este sentido, el incremento salarial de los trabajadores, que entre el 2009 y el 2015 habría supuesto un 20%, no puede incluirse en la revisión de precios, ni en el coste por kilómetro recorrido. Tampoco los beneficios sociales que la concesionaria y el comité pacten y no cuenten con la aprobación del ayuntamiento, como la gratuidad del servicio para los familiares de los empleados.
El documento dicta que el beneficio tiene que ser recíproco y tiene que existir un equilibrio económico y financiero durante el periodo de la concesión. Los "ajustes" de precios se realizan para compensar los desajustes. Se trata de garantizar que al final del periodo de la concesión el contratista obtenga "la normal rentabilidad" de la inversión realizada, algo que pone en tela de juicio el informe.
Este revés se produce en medio de un conflicto laboral entre los trabajadores y la nueva adjudicataria, Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ), matriz de TUZSA. Además, este viernes TUZSA notificó al consistorio su intención de reclamar las certificaciones pendientes, es decir, los pagos por el servicio que presta. La cantidad que exige "no superaría los 18 millones de euros" según indicó el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno.
Hay que sumar los 16 millones de euros por revisión de precios que TUZSA ha reclamado por la vía judicial al consistorio y que quedan cuestionados por el documento.
Fuente: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/un-informe-juridico-cuestiona-enriquecimiento-que-logro-tuzsa_897864.html?utm_source=noticias_diario&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2013-11-10
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