domingo, 24 de noviembre de 2013
Aragón tendrá 11 festivos de apertura comercial en 2014
El Boletín Oficial de Aragón publica la Orden de 23 de octubre de 2013 del consejero de Industria e Innovación por la que se determinan los días de apertura autorizados en domingos y festivos en los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2014.
Serán 11, al igual que en el presente año 2013, sin perjuicio de lo dispuesto para los establecimientos con régimen especial de horarios. Se trata de los siguientes:
- 5 y 12 de enero
- 6 de abril
- 4 de mayo
- 6 de julio
- 7 de septiembre
- 1 de noviembre
- 6, 14, 21 y 28 de diciembre
Los ayuntamientos, para todo el comercio ubicado en su término municipal, pueden sustituir hasta dos de estos días, siempre que lo comuniquen a la Dirección General de Comercio y Artesanía del Departamento de Industria e Innovación con una antelación mínima de 15 días y, en todo caso, antes del 31 de marzo de 2014. También deberán hacer pública la sustitución de las fechas de domingos y festivos si se diera el caso.
Para determinar los días de apertura autorizados en domingos y festivos de 2014 el Departamento de Industria e Innovación ha mantenido contactos con todo el sector comercial y con los agentes que representan tanto a los consumidores como a los trabajadores.
Fuente: http://www.zaragozaonline.com/201311086814/Aragon-tendra-11-festivos-de-apertura-comercial-en-2014
Un informe jurídico cuestiona el enriquecimiento que logró TUZSA
El documento pone en tela de juicio la revisión de precios que ha puesto en práctica la empresa. Si la concesionaria incluyó costes que no le correspondía podría tener que devolverlos
Un informe jurídico de la facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza pone en tela de juicio la facturación que durante años ha firmado la antigua concesionaria TUZSA. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, cuestiona la revisión de precios realizada por la contrata por haber incluido costes que no "contemplaba el contrato", según fuentes municipales. El texto abre la posibilidad de que se haya producido un "enriquecimiento injusto" a favor de la compañía tras obtener ingresos "muy superiores" al tipo de contrato de explotación.
En caso de que la revisión de precios y, por tanto, las facturas trasladadas al consistorio hayan sido "excesivas", según explican fuentes municipales, la ley podría ponerse en contra de la adjudicataria y ser la concesionaria quien devuelva altas cantidades de dinero a las arcas públicas. Se aprecia la posibilidad de que el agujero del ayuntamiento, en la que una parte corresponde al servicio del transporte urbano, pase a reducirse. Pero va más allá. La aplicación del texto podría extenderse a otras contratas, como FCC en la limpieza.
BENEFICIOS Según las mismas fuentes, la concesionaria estima en aproximadamente 50 millones de euros el coste de la liquidación de la contrata --se incluyen los 16 millones que ha reclamado por la vía judicial-- en concepto de revisión de precios y otras cantidades que tienen que ver con la gestión del servicio. El texto sugiere que la empresa estaría exigiendo una cantidad de dinero a partir de unos hechos que "no están contemplados en el contrato". En este caso, se pone en cuestión que se haya producido un "enriquecimiento injusto" del contratista, es decir, los beneficios obtenidos por TUZSA habrían sido "muy superiores" a los estimados para prestar un servicio público. Atendiendo al informe jurídico, la institución tiene que "controlar y limitar la ventura de unos beneficios extraordinarios por encima de un máximo calculado".
Es más, no debe soportar aquellos costes generados por decisiones internas ni los que surjan por el propio desarrollo de la actividad a largo plazo. Lo que se firma en los pliegos es lo que la contrata debe facturar. En este sentido, el incremento salarial de los trabajadores, que entre el 2009 y el 2015 habría supuesto un 20%, no puede incluirse en la revisión de precios, ni en el coste por kilómetro recorrido. Tampoco los beneficios sociales que la concesionaria y el comité pacten y no cuenten con la aprobación del ayuntamiento, como la gratuidad del servicio para los familiares de los empleados.
El documento dicta que el beneficio tiene que ser recíproco y tiene que existir un equilibrio económico y financiero durante el periodo de la concesión. Los "ajustes" de precios se realizan para compensar los desajustes. Se trata de garantizar que al final del periodo de la concesión el contratista obtenga "la normal rentabilidad" de la inversión realizada, algo que pone en tela de juicio el informe.
Este revés se produce en medio de un conflicto laboral entre los trabajadores y la nueva adjudicataria, Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ), matriz de TUZSA. Además, este viernes TUZSA notificó al consistorio su intención de reclamar las certificaciones pendientes, es decir, los pagos por el servicio que presta. La cantidad que exige "no superaría los 18 millones de euros" según indicó el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno.
Hay que sumar los 16 millones de euros por revisión de precios que TUZSA ha reclamado por la vía judicial al consistorio y que quedan cuestionados por el documento.
Fuente: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/un-informe-juridico-cuestiona-enriquecimiento-que-logro-tuzsa_897864.html?utm_source=noticias_diario&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2013-11-10
El Supremo lo confirma: el déficit de tarifa debe ser sufragado por las grandes eléctricas
El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por las grandes eléctricas ante la Audiencia Nacional y ha resuelto que el déficit de tarifa debe ser financiado por estas compañías y no por las energías renovables, como alegaban las primeras. El gran agujero eléctrico ronda ya los 27.000 millones de euros.
El Supremo lo confirma: el déficit de tarifa debe ser sufragado por las grandes eléctricas
Ayer lo adelantaba el portal especializado Suelo Solar, indicando que había conocido esta información por una filtración, y hoy lo ha confirmado el alto Tribunal: de los cuarenta magistrados del Supremo, solo dos de ellos votaron en contra de este fallo judicial, que obliga a las cinco grandes eléctricas a asumir en solitario la financiación del déficit de tarifa, dejando libres de esta responsabilidad a los productores de energías renovables.
Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa –que junto a E.ON e Hidrocantábrico son las cinco 'grandes'– consideraban que la obligación de que sean ellas las que deban cubrir en exclusiva el déficit tarifario vulnera el artículo 14 de la Constitución por el diferente trato que reciben respecto a otros productores de electricidad.
En las sentencia ahora confirmada por el Supremo, y de la que informa Efe, la Audiencia Nacional destacaba, sin embargo, que las recurrentes son "los principales grupos empresariales en el sistema eléctrico", y concluía que no resulta "arbitrario, injustificado ni desproporcionado" que se les imponga esa obligación "al presumírseles mayor solvencia y capacidad para su asunción".
La decisión, que se notificará en los próximos días, coincide con lo ya expresado en su momento por la Comisión de la Energía y por todo el sector de las renovables en el sentido de que estas fuentes no son las responsables del enorme agujero eléctrico, que ya ronda los 27.000 millones de euros.
El Ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció ayer que en caso de que este año se produzca déficit de tarifa se ampliará el mecanismo para colocarlo en el mercado mediante el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), de manera que no recaiga sobre el balance de las empresas eléctricas. Una afirmación, por otra parte, que no deja de tener su transfondo teniendo en cuenta la insistencia de Soria en que la reforma energética va a acabar definitivamente con el agujero eléctrico, que viene aumentando a razón de unos 5.000 millones de euros anuales.
Fuente: http://www.energias-renovables.com/articulo/el-supremo-lo-confirma-el-deficit-de-20131108
Llamamiento del XIX Congreso del PCE a la mayoría social trabajadora para una rebelión democrática
Partido Comunista de España / 17 nov 13
En un momento excepcional, el discurso y la acción del Partido Comunista de España debe ser excepcional. Por lo que el XIX Congreso del PCE hace un llamamiento a la movilización y a la conflictividad, intentando aglutinar a la mayoría social y elevando su nivel de conciencia. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que defienda una democracia social, económica y política que haga al pueblo depositario de la soberanía plena.
El compromiso del PCE con la construcción de un proceso constituyente, parte de la denuncia de la hipocresía de las fuerzas que llevan años desmantelando la Constitución del 78 porque les viene grande, porque les sobran los derechos que reconoce, aunque sea sólo de forma simbólica, porque han introducido, el artículo 135 que pone toda nuestra economía al servicio de la banca.
Frente a este intento de imponer una salida antisocial a la crisis, el XIX Congreso del PCE no asume la derrota y con toda claridad proclama su rechazo a cualquier Pacto de Estado que pretenda asegurar la restauración en una democracia limitada y secuestrada, para que la oligárquica blinde los intereses del capital para los próximos cuarenta años. Los comunistas no vamos a facilitar a la monarquía una transición pactada, sino al contrario, cada vez con más fuerza, situamos la lucha por la III República.
Para ello, es necesario construir un Bloque Social y Político capaz de conducir un cambio de sistema, es decir, conseguir una democratización del poder político y social para construir un nuevo Estado, una nueva economía, y una nueva sociedad justa e igualitaria, una Res-pública de mujeres y hombres libres del mal social de la explotación y del dominio. Construir un bloque social y político para la Ruptura Social y Democrática.
El Partido Comunista de España sabe lo que significa poner la unidad de la izquierda por encima de cualquier otro planteamiento y, una vez más en la historia, proclamamos desde este XIX Congreso nuestra pasión por la unidad de la clase trabajadora, de las fuerzas de la cultura, de la juventud, de las mujeres y de los sectores populares a los que llamamos a rebelarse.
Esta convocatoria a la rebelión democrática, tiene que comenzar con una llamada a:
1.- La realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública y la ruptura con la Troika.
2.- La actuación de los comunistas en los ayuntamientos y la defensa del poder local
3.- La elaboración de una propuesta de democracia avanzada y participativa-
1.- LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA PÚBLICA Y LA RUPTURA CON LA TROIKA.
La deuda pública se ha convertido en el instrumento más útil para las grandes empresas y grandes fortunas para llevar a cabo, y justificar simultáneamente, el expolio a los pueblos europeos.
La deuda pública de España era en 2006 tan sólo del 36,6%, mientras que en 2012 había alcanzado un 84,2% y se prevé que para finales de 2014 llegue a sobrepasar el 100%. Este espectacular crecimiento tiene su causa en las políticas que el Gobierno ha puesto en marcha para enfrentar la crisis creada por ellos mismos.
El capitalismo español, con todos sus rasgos caciquiles, clientelares y corruptos, se ha agotado. Y para superar tal crisis el sistema busca una reestructuración a fondo que paguen los trabajadores en forma de recortes, desempleo y desmantelamiento de las conquistas sociales y económicas.
En dicha tarea juega un papel fundamental la troika, la cual con sus políticas a favor de las “reformas estructurales” aspira a convertir a España en una economía más dependiente y periférica, cuyo crecimiento tenga sus fuentes en el empobrecimiento de los trabajadores.
Tanto PP como PSOE han cerrado filas en torno a la troika y sus dictados. La institucionalización del dogma de la “consolidación fiscal” ha sido uno de ellos. La reforma constitucional de 2011, que otorgó prioridad absoluta al pago de los intereses de la deuda pública por encima de cualquier otra partida de gasto, subordinando a la ciudadanía al capricho de los mercados y de su incesante afán de lucro. Tal reforma, a la que siguió la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, convirtió de facto a la deuda pública en una palanca financiera con la que se justifica el desmantelamiento de la sanidad, la educación, los servicios sociales e incluso los derechos laborales y civiles.
Para resistir este proceso de transformación social regresiva y poder comenzar un nuevo proceso de reconstrucción social y de lucha democrática es necesario que el Gobierno de España rompa relaciones con la troika y se niegue tajantemente a aceptar políticas que perjudican a la clase trabajadora mientras benefician a las clases dominantes. Por ello proponemos comenzar con el eslabón más importante de esa relación: la deuda pública.
El XIX Congreso del Partido Comunista de España exige la realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública que permita delimitar qué parte de los contratos son ilegítimos, a partir de un criterio esencialmente solidario y de justicia social, y poner en marcha un proceso de reestructuración de dicha deuda, entendemos que gran parte de la deuda no es una deuda de la clase trabajadora sino de los culpables de la crisis y que en consecuencia no se debe pagar, trabajando con cuantos colectivos sociales, políticos o ciudadanos coincidan en este mismo objetivo.
2.- LA ACTUACIÓN DE LOS COMUNISTAS EN LOS AYUNTAMIENTOS Y LA DEFENSA DEL PODER LOCAL
En Abril de 1979 fueron elegidos miles de concejales comunistas en los Ayuntamientos de toda España. Bajo el lema “Quita un cacique, pon un Alcalde”, el Partido Comunista de España canalizaba la esperanza del pueblo trabajador organizado en el propio Partido, sindicatos o unas Asociaciones vecinales que vertebraban poder popular de una forma articulada y de gran incidencia social.
Treinta y cuatro años después, el gobierno del Partido Popular ha iniciado un proceso de demolición de los ayuntamientos entendidos como administración más cercana. La reforma del artículo 135 de la Constitución, que tanto daño está provocando en las capas populares, se revela como el anclaje a partir del cual inician un proceso para eliminar competencias municipales, suprimir servicios y privatizar aquéllos más rentables.
Hablan los neoliberales, en una constante perversión del lenguaje, de clarificar competencias cuando quieren decir supresión de servicios; de reordenación del sector público cuando quieren decir despidos masivos; y de promoción de la actividad privada cuando quieren decir privatización en favor de las empresas de la oligarquía financiera española, que, agotado el modelo del ladrillo, buscan en la rentabilidad de los servicios municipales el nuevo manantial de negocios.
De los tres niveles de que se compone el Estado, el local es el que con diferencia contempla más potencialidades para desarrollar los mecanismos de una democracia participativa directa, que refuerce a la ciudadanía en su capacidad de determinación de las políticas de su territorio.
Por ello, el XIX Congreso del Partido Comunista de España:
1.- Defiende la necesidad de profundizar y mejorar el nivel competencial de los municipios españoles acompañado de un modelo de financiación que adecue su capacidad de intervención en el territorio a las exigencias de los servicios que gestiona, y que deben contemplar los de carácter más social. En consecuencia, muestra su rechazo frontal a la Reforma de la administración local propuesta por el gobierno del Partido Popular, porque supone un golpe de Estado a los Ayuntamientos y al municipalismo.
2.- Apuesta por un desarrollo de los municipios como espacios y ejemplo de democracia participativa que estimule la vertebración social y comunitaria, conceda a la ciudadanía la toma de decisiones y contribuya a la creación de poder popular desde la institución más cercana al pueblo trabajador.
3.- Insta a la militancia comunista a construir Bloque Social y Político también en el ámbito municipal, fortaleciendo el tejido asociativo en el movimiento vecinal y las entidades locales, así como en cuantos frentes de lucha se articulen en defensa del territorio, local, rural o urbano.
3.- LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE DEMOCRACIA AVANZADA Y PARTICIPATIVA-
El capitalismo utiliza las crisis que genera para producir sistemáticos recortes sociales y económicos sobre la clase trabajadora, y construir un relato político según el cual el problema último reside en la Política y en las organizaciones políticas. Un discurso peligroso que abre la puerta a tesis populistas y fascistas, precisamente en un contexto social de empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora y emergencia creciente de las organizaciones de ultraderecha.
Para el Partido Comunista de España es urgente responder activamente y seguir ofreciendo a la clase trabajadora instrumentos con los que combatir tanto al capitalismo como al fascismo. Y uno de esos pasos imprescindibles pasa por profundizar los mecanismos democráticos con los que la clase trabajadora puede fiscalizar a los representantes elegidos por ella.
El PCE impulsará el desarrollo de medidas que avancen hacia una democracia participativa, con instrumentos de control real. En lo concreto planteamos impulsar un amplio encuentro social para elaborar una propuesta constituyente de un modelo de democracia participativa, para trasladar a las instituciones y a las fuerzas políticas y sociales que, al menos, contemple:
- Creación de un Consejo de Control Social y Democrático de la Gestión Publica, en la que se depositen los diferentes programas electorales y se haga un seguimiento de su cumplimiento, ya que los programas electorales deben ser un contrato de obligado cumplimiento entre la fuerza política que lo presenta y la ciudadanía que lo respalde.
- Regulación más efectiva de las campañas electorales para limitar gastos y ampliar la pluralidad, de manera que lo fundamental sea el debate publico y la información programática, con la prohibición de donaciones privadas a los Partidos Políticos
- Regulación e instauración de los revocatorios tanto para los cargos públicos como para los dirigentes políticos, con la idea de evitar que los representantes se separen de quienes les han elegido y de sus intereses.
- Regulación de la obligación de que los representantes públicos y dirigentes políticos rindan cuentas de su gestión anualmente y poder recibir al mismo tiempo nuevas propuestas.
- Desarrollo de mecanismos de participación de los movimientos sociales, sindicales y ciudadanos en las instituciones, de forma especial en el Parlamento.
- Elaboración una Ley electoral que permita una representación real y proporcional de los electores/as en las instituciones.
Por último, el XIX Congreso del PCE reitera su compromiso con la unidad de la izquierda, una unidad desde la base, que se materializa y parte del proyecto de IU, una de las principales y más duraderas experiencias de unidad de la izquierda en España. Un proyecto que aglutina a una gran parte de la izquierda política, que tiene que crecer y ampliarse como Movimiento Político y Social, en el marco de un proceso de convocatoria que aglutine a la mayoría social que sufre la crisis, defendiendo la máxima unidad de las fuerzas de izquierdas, de los movimientos sociales, de los sindicatos de clase, para disputar la hegemonía y el poder a la derecha y avanzar hacia el socialismo y el comunismo.
Fuente: http://pce.es/docpce/pl.php?id=5424
León reduce a la mitad el coste de recogida de basuras tras remunicipalizar el servicio
Emilio Gutiérrez, del PP, llegó a la alcaldía de León en 2011 y se encontró con una deuda inasumible. El contrato con la empresa concesionaria del servicio de basuras había expirado, tras haber pagado el Ayuntamiento 270 millones de euros en 20 años, y decidió devolver su gestión al municipio. En 2012 gastó 22 millones, y este año le ha costado 11,5. Las calles de la ciudad, con unos 132.000 habitantes, no están sucias.
La corporación, que mantenía una deuda de 80 millones de euros con Urbaser, la empresa adjudicataria, asumió los contratos de los trabajadores de la compañía, así como parte de su maquinaria. Entre otros recortes, la nueva situación supuso una bajada en los sueldos de hasta un 23%, que fue aceptada por todos los sindicatos.
Xosepe Vega, dirigente de CC OO de León, asegura que algunos salarios eran "desmesurados", y que la decisión se aprobó para facilitar la reducción de gastos al Ayuntamiento y así evitar en la medida de lo posible el despido de trabajadores municipales.
Tras el ahorro obtenido con la recogida de las basuras, Ayuntamiento y sindicatos estudian remunicipalizar los servicios de cuidados de jardines y la adquisición por parte de la corporación de la empresa dedicada a la limpieza de los colegios, de la que ostenta la mitad del capital.
Fuente: http://elventano.blogspot.com.es/2013/11/leon-reduce-la-mitad-el-coste-de.html?m=1
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